En relación con el Monumento a los Caídos existe una cuestión en absoluto debatida y que, a nuestro juicio, merece ser examinada. Es la de la jurisdicción sobre el Monumento.
Según sus declaraciones, repetidas una y otra vez en las últimas semanas, el alcalde Asirón se arroga la competencia exclusiva sobre el Monumento en razón de que el propietario actual del mismo, desde hace algo más de un cuarto de siglo, es el ayuntamiento de Pamplona.
A nuestro juicio, Asirón deja de lado dos cuestiones. La primera de ellas: obvia que la propiedad del ayuntamiento de la capital sobre el edificio es de naturaleza sobrevenida y accidental porque los anteriores dueños del mismo renunciaron a él y la cedieron. La Diputación que lo construyó lo traspasó en los años sesenta al Obispado y este lo transmitió al ayuntamiento en 1997.
La Diputación, que se gastó una millonada de todos los navarros en la edificación sobre terrenos cedidos por el ayuntamiento de Pamplona, acordó en 1963 “proceder a la cesión gratuita o entrega definitiva del solar, edificios y jardín posterior al arzobispo de Pamplona”, reiterando el carácter votivo del Monumento. Así, zanjaba un tema que comenzó a plantear en 1947 y en el que ambas partes analizaron en detalle las consecuencias de la operación, facilitándose la misma con la construcción en el intervalo, a cargo de la Diputación, de la parroquia de Cristo Rey como contrapartida que costó varios millones más. Con la cesión, la Diputación quedaba liberada del abono de cantidades por gastos de obras en el futuro y de gastos de conservación y mantenimiento, algo que reiterará en diversas ocasiones en el futuro ante solicitudes del Obispado que valoraba con pesar hacerse cargo de aquellos.
Andando el tiempo, esos gastos de mantenimiento pesaron cada vez en el ánimo del Obispado, que se desentendió completamente. De hecho, en 1990 Diario de Navarra publicaba una carta del Prior de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, la entidad memorialista requeté que ha monopolizado el uso del Monumento de la misma con la celebración de misas de conmemoración franquistas hasta prácticamente anteayer, en la que se invitada “a todos los navarros” a participar en el pago de obras de reparación. En otra carta de 1993, el mismo Prior reconocía que la mencionada Hermandad era la entidad que atendía al abono de las obras de mantenimiento.
De esta forma, no es extraño que también el Obispado se desinteresara del asunto y que traspasara el Monumento al ayuntamiento pamplonés en 1997 mediante donación gratuita intervivos. En la negociación se incluyeron algunas condiciones sobre el destino y uso del edificio, consignándose que “En todo caso, estas actividades deberán estar a tono con la naturaleza y origen de la edificación”. Entre las limitaciones se mencionaban las de mantener el orden y debido respeto a la Cripta, así como cuidar “en buen estado de conservación las lápidas e inscripciones funerarias existentes en el interior y exterior del edificio”, todas ellas de significado claramente carlofascista, si bien se permitía que el ayuntamiento pudiera “taparlas u ocultarlas sin que, en ningún caso, el ocultamiento o velado de dichas lápidas e inscripciones perjudique el contenido de las mismas”. Finalmente, el pleno del Ayuntamiento aprobó y aceptó la donación con las condiciones impuestas el 12 de septiembre de 1997.
Asimismo, el Gobierno de Navarra, como heredero de la Diputación, colaboró en el asunto al dejar sin efecto el carácter votivo establecido en la escritura de donación de 1963, con excepción de la zona ocupada por la Cripta central y por la totalidad de las dependencias ubicadas bajo el arquerío lateral izquierdo.
Esa fue la manera en que el Monumento, por las renuncias sucesivas de la Diputación y del Obispado, que no sabían qué hacer con él (lo que desde luego, relativiza muy mucho su presunto valor artístico y arquitectónico), llegó a manos del ayuntamiento, por desistimiento de los anteriores propietarios. Por ello nos preguntamos: ¿por qué los navarros, que fueron los que pagaron con sus impuestos toda la fiesta, deben de seguir apoyando la conservación de una estructura de la que abominaron las dos instituciones que, henchidas del foralcatolicismo patrio fascista y requeté tan del momento, lo patrocinaron y construyeron?.
La segunda cuestión que queremos apuntar es la de que el empeño del alcalde Asirón en subrayar la titularidad municipal actual sobre el edificio se acompaña del empecinamiento de actuar en solitario sobre él, retomando la vía del concurso de ideas. Tal y como vimos en un artículo anterior, los proyectos seleccionados en ese concurso proponían unas resignificaciones absolutamente opuestas a cualquier enfoque de memoria crítica, cuando no francamente risibles en atención al objeto de la cuestión a dilucidar.
El alcalde Asirón obvia que existen otras soluciones más sensatas y lógicas con el significado del Monumento como elemento contrario a la memoria democrática por el que fue construido y por el que la derechona quiere mantenerlo. Ligado a que fue la Diputación la que lo construyó con fondos públicos procedentes de los bolsillos de todos los navarros, aunque luego se despreocupara de él, lo racional sería que fueran el Parlamento y el Gobierno quienes impulsaran, por cuanto son los agentes legislativamente competentes y dotados de iniciativa, a una con el ayuntamiento (y constituyendo una triada de decisión compartida), una modificación de alcance de la normativa autonómica sobre memoria histórica. Esa modificación, atendiendo al respeto al honor de las víctimas de la limpieza política carlofascista que se ubica en el núcleo argumentativo de la misma (y que ha sido algo una y otra vez recalcado en un sinfín de artículos de familiares de aquellas, así como por la inmensa mayoría de las asociaciones memorialistas navarras), debería posibilitar la futura demolición del Monumento, eliminando en el articulado cualquier restricción actualmente imperante ya que ni la ley estatal ni la autonómica en vigor lo contemplan (y la segunda ni siquiera habla de los edificios de exaltación franquista). Asimismo, se podrían superar los obstáculos relacionados con las condiciones de la donación y con la catalogación patrimonial en el nuevo redactado.
De esta forma, gracias a la acción legislativa emprendida por los otros dos actores institucionales y consensuada con él, el ayuntamiento de Pamplona podría actuar sin ningún impedimento. Y bajo el paraguas del apoyo mayoritario de un parlamento progresista receptivo de las demandas de la mayor parte de la ciudadanía en materia memorialista, podría cancelar un recuerdo de una memoria parcial y sectaria que, en su reverso, representa el horror para una parte significativa de la población.
